El Gobierno ajustó el mecanismo para administrar los contratos y convenios de infraestructura que quedaron en ejecución después de la disolución del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR). La Resolución Conjunta 3/2026 redefine qué áreas intervienen en los desembolsos y deja expresamente abierta la posibilidad de revisar el futuro de esos acuerdos.

El cambio no crea un nuevo fondo ni anuncia una nueva línea de financiamiento. Ordena la transición de los contratos que pertenecían al FFFIR, disuelto en 2025, y adapta el procedimiento a la actual estructura de la Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Economía.

A partir de ahora, la Vicejefatura de Gabinete del Interior, mediante la Subsecretaría de Relaciones con las Provincias, deberá aprobar y remitir las solicitudes de pago vinculadas con certificados de avance de obra, redeterminaciones de precios, anticipos financieros y acopios. La Dirección Nacional de Normalización Patrimonial será la encargada de tramitar esas solicitudes y dar continuidad al desembolso.

El punto relevante está en que la norma no se limita a ordenar pagos pendientes. También establece que la Subsecretaría de Relaciones con las Provincias deberá proponer medidas para evaluar integralmente la continuidad, reformulación o eventual rescisión de los convenios con las provincias y sus entidades descentralizadas. Esas propuestas deberán contar con sustento técnico para justificar la decisión.

Ese cambio introduce una instancia de revisión sobre contratos que hasta ahora estaban encuadrados en el esquema heredado del fondo fiduciario. Para las provincias, la cuestión puede ser relevante porque la continuidad administrativa del convenio ya no aparece separada de una evaluación sobre su reformulación o rescisión.

También hay un efecto institucional concreto. La resolución anterior había sido dictada por la ex Secretaría de Provincias y Municipios, pero la reorganización de la administración nacional creó la Vicejefatura de Gabinete del Interior y la Subsecretaría de Relaciones con las Provincias. La nueva norma busca evitar que ese cambio de estructura genere dudas sobre las actuaciones ya realizadas y sobre quién debe intervenir en adelante.

En términos económicos, el dato importante es que los desembolsos quedan vinculados a contratos que ya estaban en ejecución, mientras que el Estado conserva margen para revisar qué acuerdos deben continuar y bajo qué condiciones. La norma, por sí sola, no permite conocer cuánto dinero está comprometido ni qué obras concretas podrían ser reformuladas o rescindidas.

La resolución entra en vigencia con su publicación y completa así una etapa de transición iniciada con la disolución del FFFIR. Más que un nuevo programa de infraestructura, representa una redefinición del circuito mediante el cual el Estado nacional administra las obligaciones heredadas del fondo y decide qué hacer con los convenios que todavía siguen abiertos.