El ENACOM aprobó una fuerte actualización del financiamiento destinado a un proyecto de infraestructura de Internet en barrios populares y llevó el Aporte No Reembolsable total a $1.180,6 millones. La resolución también revoca una adecuación aprobada en 2023 y establece un nuevo cálculo para los trabajos que todavía no fueron ejecutados.
El proyecto había sido adjudicado en 2023 a CABLE TELEVISORA COLOR S.A. por $266,2 millones. Desde entonces, el esquema de financiamiento atravesó varias modificaciones y un primer ajuste aprobado por ENACOM en diciembre de ese año. La empresa cuestionó posteriormente ese monto y pidió una nueva adecuación, una extensión del plazo de ejecución y un cronograma actualizado.
El punto central de la nueva resolución es la magnitud del ajuste. Para los ítems pendientes de ejecución, ENACOM determinó una variación de 578,28% y fijó en $914,4 millones el monto correspondiente a esa adecuación. El organismo vinculó el nuevo cálculo con la evolución de los costos de insumos, logística, productos y servicios durante el período considerado.
La diferencia frente al esquema anterior es relevante porque muestra cómo el paso del tiempo puede alterar de manera sustancial el costo nominal de proyectos de infraestructura financiados con fondos públicos. En este caso, el monto que originalmente alcanzaba para ejecutar determinadas obras dejó de reflejar, según los informes técnicos citados en la resolución, los valores necesarios para completar los componentes todavía pendientes.
La decisión también modifica el tratamiento administrativo del ajuste previo. ENACOM revocó la Resolución 2.096/2023 y dispuso descontar $61,5 millones correspondientes a montos abonados anteriormente por esa adecuación. El nuevo procedimiento, por lo tanto, no implica simplemente sumar el nuevo cálculo al financiamiento ya recibido, sino recomponer el esquema tomando en cuenta los desembolsos realizados.
Con la nueva adecuación, el aporte no reembolsable total para el proyecto queda establecido en $1.180,6 millones. La resolución extiende además el plazo de ejecución y contempla un nuevo cronograma de actividades, de modo que el incremento del financiamiento queda asociado a la continuidad de las obras pendientes.
Hay una cuestión institucional relevante detrás del cambio. La empresa presentó su recurso en noviembre de 2025, pese a que el acto cuestionado había sido notificado en diciembre de 2023. ENACOM consideró que las características de aquella notificación y las modificaciones introducidas por la Ley 27.742 al procedimiento administrativo permitían analizar el planteo, y concluyó que la revocación favorecía al administrado sin causar perjuicio a terceros.
Para el sector de telecomunicaciones, el efecto inmediato es concreto: el proyecto cuenta ahora con un presupuesto actualizado para completar las inversiones pendientes. Para el Estado, el caso también deja expuesto el costo fiscal de ejecutar programas de infraestructura cuando los presupuestos originales pierden vigencia frente a cambios importantes en los costos. La resolución no permite extrapolar este ajuste a todos los proyectos de conectividad, pero sí muestra la tensión entre presupuestos administrativos fijados en un momento determinado y obras que se ejecutan durante varios años.
El nuevo monto queda así condicionado a la ejecución efectiva del Plan de Inversión. La resolución asigna los $914,4 millones a los ítems pendientes y establece que deben descontarse los importes que ya hubieran sido abonados por adecuaciones anteriores. El dato relevante no es solamente el salto nominal del financiamiento, sino que una parte sustancial del proyecto todavía depende de transformar esa actualización presupuestaria en infraestructura efectivamente ejecutada.



