Argentina dio un nuevo paso para retomar el pago de una deuda pendiente con tenedores de Bonos Alemanes que no reciben pagos desde diciembre de 2019. El Ministerio de Economía aprobó la contratación de Sodali & Co como Agente de Información para reconstruir la información de los acreedores y preparar el proceso de cancelación.

La medida se apoya en la ley 27.249, que habilitó al Estado a instrumentar acuerdos con tenedores de títulos públicos elegibles que habían quedado fuera de los canjes de deuda de 2004 y 2010. Esa norma contempla alternativas de pago y permite contratar agentes de información para llevar adelante las tareas necesarias.

El problema no es solamente financiero. Parte de estos bonos fue emitida bajo legislación de la República Federal de Alemania y quedó fuera de los sistemas internacionales de compensación porque algunos títulos circulaban como certificados definitivos. La dispersión de tenedores y la existencia de juicios individuales hicieron necesaria una tarea específica de identificación y conciliación.

La resolución aprobada ahora busca resolver justamente ese cuello de botella. Sodali & Co deberá diseñar una página web para recopilar datos personales, documentación judicial y certificados definitivos, que serán revisados antes de avanzar hacia los acuerdos de cancelación.

El antecedente es relevante: Sodali ya había realizado en 2016 un proceso de conciliación destinado a reunir información sobre los acreedores. Entre 2017 y noviembre de 2019 continuaron los acuerdos con tenedores cuyos bonos estaban depositados en sistemas internacionales como Clearstream y Euroclear.

La nueva contratación no equivale todavía al pago de toda la deuda pendiente. El paso aprobado es institucional y operativo: ordenar la información necesaria para determinar quiénes son los acreedores involucrados y permitir que luego se instrumenten los acuerdos previstos por la ley.

Para el Estado, el proceso también tiene una dimensión contractual relevante. La ley permite pactar jurisdicción extranjera y determinadas renuncias a la inmunidad soberana respecto de los reclamos vinculados con esos acuerdos, aunque mantiene las protecciones previstas para determinados bienes de la República.

El punto central es que una deuda que permanecía sin pagos desde 2019 vuelve a entrar en una etapa activa de conciliación. La diferencia con una simple resolución administrativa está en su efecto potencial sobre acreedores externos que todavía mantienen reclamos y sobre la capacidad del Estado de cerrar obligaciones heredadas de procesos de reestructuración anteriores.

Por ahora, la resolución no informa el monto total que eventualmente será desembolsado ni establece que los pagos se hayan concretado. El avance consiste en reabrir el mecanismo operativo que puede llevar a nuevos acuerdos de cancelación con los tenedores de Bonos Alemanes alcanzados por la ley 27.249.