El Gobierno de Javier Milei lanzó un programa de ciudadanía por inversión que ofrece a extranjeros dos vías para obtener un pasaporte argentino: un aporte no reembolsable de US$350.000 al Tesoro o una inversión de US$800.000 en un nuevo bono del Estado, que deberá mantenerse durante siete años. Las solicitudes comenzarían antes de fin de 2026.
El esquema aparece en un momento en que la obtención de dólares es una prioridad para el Gobierno. Argentina enfrenta casi US$25.000 millones de vencimientos de deuda en moneda extranjera durante 2027 y, al haber postergado el regreso a los mercados internacionales de bonos, busca fuentes alternativas de financiamiento y recursos para fortalecer su posición fiscal y financiera.
El diseño también introduce una diferencia relevante entre captar recursos y atraer inversión productiva. El aporte al Tesoro genera ingresos inmediatos pero no reembolsables, mientras que el bono canaliza capital hacia el Estado y establece un compromiso financiero a siete años. Para una economía que procura recuperar credibilidad crediticia, la demanda efectiva por ese instrumento será una señal sobre el atractivo que los inversores asignan al riesgo argentino.
La propuesta contempla además a los familiares del solicitante. Los cónyuges y los hijos pueden acceder a la ciudadanía mediante aportes adicionales de US$100.000, o de US$25.000 cuando se trate de menores de 18 años. Un consorcio de firmas de inversión que asesora al Gobierno estimó que el programa podría recaudar hasta US$2.500 millones si alcanza el volumen de postulantes esperado.
La apuesta no se limita a conseguir fondos. El Gobierno busca vender la ciudadanía argentina como un activo de movilidad internacional. Luis Caputo afirmó que el pasaporte permite ingresar sin visa previa a más de 140 países, entre ellos destinos de Europa, China, Rusia y buena parte de América Latina. Esa capacidad de movilidad puede resultar especialmente atractiva para personas de países cuyos pasaportes tienen mayores restricciones.
El programa también intenta aprovechar el reposicionamiento internacional que Milei procura para Argentina. El Gobierno viene reduciendo el gasto público, desregulando sectores de la economía y eliminando barreras comerciales, mientras busca atraer capital hacia recursos como el petróleo y los minerales. La apuesta consiste en convertir una mayor apertura económica y una oferta de movilidad internacional en parte de un mismo atractivo para el capital privado.
Pero vender ciudadanía introduce riesgos que pueden afectar precisamente el activo que el programa pretende valorizar. Organismos internacionales han advertido sobre el uso de estos esquemas para ocultar identidades, lavar dinero o evadir controles judiciales. En 2025, el máximo tribunal de la Unión Europea declaró ilegal el programa de ciudadanía por inversión de Malta, mientras otros países abandonaron mecanismos similares por preocupaciones vinculadas con fondos ilícitos y otros efectos económicos.
El Gobierno argentino prevé controles sobre identidad, antecedentes penales, reputación, origen de los fondos e historial migratorio, con participación de organismos de inteligencia, seguridad y prevención del lavado de dinero. La calidad de esos filtros será determinante: un programa que atraiga capital legítimo puede ampliar las fuentes de financiamiento, mientras que fallas de control pueden deteriorar la reputación del pasaporte y generar costos regulatorios y diplomáticos difíciles de revertir.
