Luis Caputo anticipó que el Gobierno buscará reducir los impuestos en otro 1% del PBI durante 2027, después de haber recortado la carga tributaria en alrededor de 3 puntos del producto. El objetivo declarado es llegar a una reducción acumulada de 4% del PBI hacia el final del mandato de Javier Milei, aunque existen diferencias sobre cómo se contabiliza esa meta.

La secuencia revela una prioridad fiscal antes que una reforma tributaria de shock. Caputo vinculó explícitamente cualquier reducción de impuestos con la preservación del equilibrio de las cuentas públicas. En los primeros siete meses de 2026, el resultado primario fue de 0,9% del PBI, mientras que el resultado financiero, después de intereses, se ubicó en 0,1%.

La reforma estructural quedaría para después de 2027. Caputo mencionó inicialmente una reforma “post 2031”, pero el Ministerio de Economía aclaró posteriormente que quiso decir después de 2027. En la práctica, una simplificación integral dependería de un eventual segundo mandato de Milei y de un nuevo escenario legislativo, por lo que no existe todavía un proyecto concreto para el Congreso actual.

El principal obstáculo es institucional. Una reforma que reduzca y simplifique tributos provinciales y municipales requiere acuerdos con los gobernadores y mayorías en ambas cámaras del Congreso. Caputo señaló precisamente a los impuestos subnacionales como una fuente importante de pérdida de competitividad, lo que convierte a las provincias en actores decisivos para cualquier cambio de fondo.

La restricción fiscal también explica por qué la reducción será gradual. El Gobierno había descartado en agosto una baja general de impuestos para 2026, mientras la recaudación tributaria como proporción del PBI ya mostraba una tendencia descendente. IARAF estimó una carga tributaria nacional equivalente al 23% del PBI en 2024, 21,5% en 2025 y una proyección de 20,6% para 2026.

Para la inversión, Caputo presentó al RIGI como el modelo que debería extenderse al resto de la economía. El régimen ya concentra proyectos aprobados por US$56.000 millones y otros US$150.000 millones en cartera, según las cifras difundidas por el ministro. La señal es que la estabilidad normativa y una menor carga impositiva deberían dejar de ser privilegios de determinados proyectos para convertirse en condiciones más generales de la economía.

La estrategia también descarta utilizar una devaluación como mecanismo de competitividad. Caputo sostuvo que el camino debe pasar por menores impuestos, reglas más livianas, infraestructura y crédito más barato. El planteo desplaza el ajuste desde el precio de la moneda hacia los costos estructurales que enfrentan las empresas, aunque su implementación depende de que esas reducciones sean compatibles con el equilibrio fiscal.

Para los mercados, la promesa tiene un alcance inmediato limitado. Una baja tributaria de un punto del PBI en 2027 puede mejorar los incentivos para producir e invertir, pero su ejecución está condicionada al resultado fiscal. Al mismo tiempo, una reforma integral sin proyecto ni cronograma definido no constituye todavía un catalizador concreto para los activos argentinos.

La discusión tributaria queda así atada a una tensión central: reducir impuestos puede mejorar los incentivos económicos y la competitividad, pero financiar esa reducción exige que el Estado reduzca gastos, preserve el superávit o encuentre otras fuentes de ahorro. Mientras esa ecuación no esté resuelta, la reforma avanzará de manera gradual y la simplificación profunda seguirá dependiendo de la próxima etapa política.