El proyecto petrolero Sea Lion volvió a poner en primer plano la disputa entre Argentina y el Reino Unido por las Malvinas. Navitas Petroleum, de Israel, y la británica Rockhopper Exploration planean comenzar la extracción en 2028, en una zona de la cuenca Norte de las islas. La inversión prevista es de US$1.800 millones.
Las empresas estiman que el yacimiento podría producir hasta 50.000 barriles diarios en su pico y operar por un máximo de 35 años. Para las islas, cuyos ingresos dependen en gran medida de la pesca y el turismo, los recursos petroleros podrían elevar de manera sustancial la actividad económica. La asamblea local también analiza crear un fondo soberano si el proyecto prospera.
El potencial económico agranda el costo de la disputa. El presidente Javier Milei amenazó con recurrir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar si el proyecto no se detenía. También anunció sanciones contra personas vinculadas con Sea Lion y anticipó medidas contra las empresas involucradas. El Gobierno argentino considera que la explotación es ilegal y sostiene que los recursos pertenecen al país.
La asamblea de las islas respalda el desarrollo petrolero y defiende el derecho de los habitantes a decidir su futuro y explotar sus recursos. En el referéndum de 2013, el 99,8% votó por mantener el vínculo con el Reino Unido como territorio británico de ultramar con autogobierno. Argentina, por su parte, mantiene su reclamo de soberanía.
La presión ya alcanza a la cadena de proveedores. Navitas confirmó que dos contratistas se retiraron por temor a las sanciones y que busca reemplazarlos. El antecedente financiero tampoco es menor: el proyecto se interrumpió en 2014 y 2020 por dificultades de financiamiento, debilidad de los precios del petróleo y demoras asociadas a las sanciones.
Ese riesgo puede encarecer la inversión antes de que salga el primer barril. Si proveedores y transportistas evitan operar para no exponerse a represalias, las empresas enfrentan mayores costos y menos opciones para ejecutar el proyecto. La incertidumbre sobre las sanciones también puede afectar las decisiones de financiamiento, en un desarrollo que requiere comprometer capital durante años antes de generar ingresos.
La controversia tiene además un trasfondo político. Stacy Bragger, integrante de la asamblea de las islas, sostuvo que Buenos Aires utiliza el proyecto para impulsar su reclamo de soberanía. El analista Henry Ziemer, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, consideró que la disputa puede servir para movilizar apoyo interno en Argentina, aunque advirtió que la presencia de recursos naturales en un conflicto territorial tiende a intensificar las tensiones.
El petróleo no resuelve la disputa de soberanía: aumenta el valor económico de lo que está en juego y los incentivos para presionar. Para las empresas, la viabilidad de Sea Lion dependerá tanto de la producción y los precios como de la posibilidad de operar con proveedores y financiamiento estables. Para las islas, la promesa de ingresos convive con el riesgo de que las sanciones demoren o encarezcan una inversión todavía expuesta a obstáculos políticos y comerciales.



