El Tribunal Supremo de España anuló en su totalidad el decreto de universidades impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez y la entonces ministra Diana Morant. La sentencia concluyó que la norma era nula de pleno derecho debido a la omisión injustificada de la consulta pública previa.

La resolución fue emitida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo tras analizar uno de los diez recursos presentados contra el decreto, en este caso el promovido por el Gobierno balear. Según lo expuesto, el fallo no admite recurso y deja sin efecto la regulación, que ya no resulta aplicable.

El Supremo consideró que el Ejecutivo no acreditó circunstancias extraordinarias e imprevisibles que justificaran la tramitación urgente. La administración había argumentado que el crecimiento de las universidades privadas y de la enseñanza virtual exigía contar con un nuevo marco regulatorio al inicio del ciclo lectivo 2025-2026.

Sin embargo, el tribunal entendió que esas tendencias llevaban años desarrollándose y que no constituían un shock repentino. Además, señaló que el decreto terminó aprobándose el 7 de octubre de 2025 y entró en vigor el 28 de octubre, cuando el curso ya había comenzado, pese a que la urgencia había sido declarada el 1 de abril.

La consulta pública previa exige recabar la opinión de los sectores afectados sobre los problemas que se buscan resolver, la necesidad de la norma, sus objetivos y las alternativas regulatorias o no regulatorias. La sentencia consideró que ese trámite no era un mero formalismo y que su omisión carecía de amparo legal.

El decreto establecía, entre otras condiciones, que las nuevas universidades superaran los 4.500 alumnos en títulos oficiales y ofrecieran desde el inicio al menos diez grados, seis másteres y tres programas de doctorado distribuidos en tres ramas del conocimiento. También fijaba obligaciones de investigación y requisitos financieros y de infraestructura para las instituciones privadas.

La norma obligaba a las universidades privadas a destinar al menos el 5% de sus ingresos a programas propios de investigación y a captar fondos competitivos por un equivalente mínimo del 2% de sus ingresos anuales. Si no alcanzaban esos objetivos durante dos años, podían quedar expuestas a la revocación de su autorización.

Además, las nuevas universidades debían comprometer alojamiento para el 10% de sus plazas presenciales a partir del tercer año y acreditar, antes de su apertura, recursos para financiar el tercer año de actividad. El decreto también convertía en vinculante el informe de las agencias de calidad y contemplaba el silencio administrativo desfavorable para los proyectos de apertura.

En el caso de las universidades cuya enseñanza fuera mayoritariamente virtual, la norma preveía controles adicionales. Las instituciones con más del 80% de docencia online requerían una ley de las Cortes Generales para su reconocimiento, mientras que al menos el 75% de su profesorado debía residir en España o en la Unión Europea.

Juan Ramón Rallo, director del Máster Universitario en Economía de la Universidad de las Hespérides y uno de los participantes en los recursos contra el decreto, sostuvo que las exigencias constituían “barreras de entrada” que elevaban los costos de abrir una institución y protegían a los competidores ya establecidos. También afirmó que “el decreto convertía las subvenciones públicas en una licencia para seguir existiendo”.

Tras conocer el fallo, Sánchez afirmó que el Gobierno acata la decisión, pero que impulsará una nueva norma para evitar que la universidad se convierta en un negocio. Según el análisis de Rallo, el Ejecutivo podría volver a tramitar el reglamento mediante el procedimiento ordinario, lo que exigiría realizar la consulta pública previa, o intentar elevarlo a rango de ley para avanzar mediante un real decreto ley.

La eventual utilización de esa segunda vía abriría una nueva disputa institucional. Rallo sostuvo que un real decreto ley no podría afectar materias reguladas por el título primero de la Constitución española, entre ellas el artículo 27, que reconoce la libertad de creación de centros docentes.