Francia enfrenta un deterioro de sus condiciones de financiamiento y un aumento de las dudas sobre la sostenibilidad de sus cuentas públicas. El bono francés a 10 años se acerca a un rendimiento anual del 5%, mientras que el costo de asegurar la deuda soberana contra un impago se más que duplicó en un mes.

Los seguros de crédito a cinco años, conocidos como CDS, pasaron de unos 30 puntos básicos anuales a comienzos de septiembre a alrededor de 85 puntos básicos a principios de octubre. Bajo los supuestos habituales de mercado, ese precio equivale a una probabilidad anual de impago cercana al 1,4% y a una probabilidad acumulada de entre 6% y 7% en un horizonte de cinco años.

La presión financiera se produce mientras Francia mantiene un déficit público cercano al 6% del producto interno bruto y una deuda que ronda el 120% del PIB. El envejecimiento de la población y la expansión del gasto previsional aparecen como los principales factores de tensión, en un contexto de tasas de interés más elevadas que durante la década pasada.

El riesgo de una dinámica adversa surge de la combinación entre deuda creciente y mayores intereses. El encarecimiento del financiamiento eleva el gasto público, amplía el déficit y obliga a emitir más deuda, lo que puede incrementar nuevamente la presión sobre los rendimientos exigidos por los inversores.

Marine Le Pen presentó un programa que contempla un ahorro neto de 140.000 millones de euros hacia 2032 en comparación con 2026. El plan prevé reducir el déficit por debajo del 3% del PIB en 2030 y hasta el 2,2% en 2032, además de estabilizar la deuda en torno al 120% del PIB para luego llevarla al 112%.

La propuesta también incluye una regla de oro presupuestaria incorporada a la Constitución, con el objetivo de mantener el déficit por debajo del nivel compatible con la estabilización de la deuda hasta que esta descienda del 60% del PIB. Sin embargo, su aprobación requeriría superar obstáculos políticos en la Asamblea Nacional y el Senado.

La consistencia de las cuentas del programa también está en discusión. El ahorro neto de 140.000 millones de euros contempla rebajas impositivas por 30.000 millones y nuevos gastos por 15.000 millones, por lo que el ajuste bruto necesario ascendería a unos 185.000 millones de euros, equivalentes al 6% del PIB francés y a cerca del 10% del gasto público.

Entre las medidas anunciadas figuran límites a la inmigración y a determinadas prestaciones sociales, una reducción de la contribución francesa al presupuesto europeo y cambios en el sistema previsional. El programa promete reducir el gasto en pensiones, pero al mismo tiempo plantea bajar la edad jubilatoria a 62 años o incluso a 60 para quienes comenzaron a trabajar jóvenes, una combinación que genera dudas sobre su viabilidad financiera.

Otra incertidumbre está vinculada con el crecimiento previsto. Las proyecciones del programa parten de una expansión anual cercana al 2%, mientras que el Banco de Francia estima un crecimiento de aproximadamente 0,5%. Un menor crecimiento reduciría la recaudación y haría más exigente el ajuste necesario para estabilizar la deuda.

Francia tiene tres alternativas frente a la presión de los mercados: implementar un ajuste fiscal, conseguir una intervención del Banco Central Europeo o avanzar hacia una reestructuración de su deuda. Una compra de bonos por parte del BCE podría reducir el costo de financiamiento francés, pero aumentaría la oferta de euros y trasladaría el costo potencial a toda la zona monetaria mediante una mayor inflación.

Si no hubiera ajuste ni respaldo del BCE, el aumento de los intereses podría profundizar el déficit y llevar a una reestructuración de la deuda francesa, con consecuencias para el sistema bancario europeo. El tamaño de Francia, la segunda economía de la eurozona, elevaría además el riesgo de contagio hacia otros países, entre ellos Italia y España, y pondría a prueba la estabilidad del proyecto monetario común.