La ANMAT prohibió en todo el país la elaboración, el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de la lavandina “656 Profesional”, luego de detectar que el producto no tenía registro sanitario ni un establecimiento responsable de su fabricación identificado. La medida alcanza a todos los lotes y también a las plataformas de venta electrónica.

El expediente se inició a partir de la consulta de un particular ante el Servicio de Domisanitarios. Durante la investigación, el organismo verificó que el producto “Agua Lavandina. 656 Profesional. Concentrada al 60%” no estaba inscripto y que no podía acreditarse quién lo elaboraba. La autoridad sanitaria bonaerense informó además que tampoco existía un registro del producto en esa jurisdicción.

La falta de registro no es un incumplimiento meramente administrativo en este caso: impide verificar las condiciones de manufactura, la composición y los controles aplicados sobre el producto. ANMAT también señaló que una notificación enviada al domicilio asociado a la firma, obtenido a través de redes sociales, no tuvo respuesta.

La disposición incluye una intervención sobre la publicidad y la promoción del producto, con especial alcance sobre los sitios de comercio electrónico. Esa extensión busca cortar no solo la oferta formal, sino también los canales digitales que pueden permitir que un producto sin trazabilidad siga llegando a consumidores aunque no exista un establecimiento claramente identificado.

Para los compradores, el efecto inmediato es que la lavandina no debería seguir ofreciéndose ni utilizarse mientras no obtenga los registros sanitarios correspondientes. Para vendedores y plataformas, la prohibición agrega la obligación práctica de retirar publicaciones, frenar operaciones y evitar acciones de promoción vinculadas con la marca alcanzada.

La decisión muestra el costo concreto de operar fuera de los mecanismos que permiten verificar un producto y asignar responsabilidades. Cuando no hay registro ni fabricante identificable, el consumidor queda con menos información para evaluar qué está comprando y el mercado pierde una referencia básica para distinguir una oferta legítima de otra que no puede ser fiscalizada.

La norma también deja abierta la posibilidad de recursos administrativos y de una acción judicial, con plazos específicos para el interesado. Sin embargo, la prohibición rige sobre la elaboración, el uso, la venta, la distribución y la publicidad en todo el territorio nacional hasta que el producto cumpla con las exigencias sanitarias aplicables.