La Ley 27.828, promulgada y publicada el 13 de octubre, rediseña el régimen de Zona Fría y reúne cambios para el gas, la electricidad, las energías renovables y los hidrocarburos. Su efecto más directo para los hogares será la continuidad de beneficios en determinadas regiones y una bonificación adicional sujeta a criterios de ingresos y vulnerabilidad.
El fondo que financia los subsidios podrá cubrir una bonificación adicional para hogares de zonas bioambientales específicas que estén inscriptos en el régimen de subsidios focalizados. La norma contempla, entre otros criterios, ingresos familiares de hasta tres canastas básicas totales para un hogar de dos personas, la posesión de un certificado de vivienda familiar o de discapacidad, y la condición de veterano de guerra de un integrante.
El financiamiento se sostendrá con un recargo de hasta 7,5% sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, aplicado al consumo y la comercialización dentro del país, con excepciones para las exportaciones y el gas natural licuado importado y regasificado. El Poder Ejecutivo podrá subir o bajar ese recargo hasta 50%, por lo que el costo del beneficio no desaparece: se distribuye a través de la cadena gasífera.
Para la Patagonia, Malargüe y la región de la Puna, la ley mantiene los beneficios del régimen para los usuarios residenciales de gas por redes y para ciertos usuarios del Servicio General P. El esquema queda vigente hasta el 31 de diciembre de 2031. La norma también deroga varios artículos de la Ley 27.637, aunque conserva beneficios para esas zonas bajo las condiciones que establezca el Poder Ejecutivo.
En electricidad, el texto habilita calcular diferencias entre los ingresos que distribuidoras y transportistas recibieron durante las emergencias tarifarias y los que les habrían correspondido según sus contratos. Para las distribuidoras, los créditos podrán aplicarse a deudas con CAMMESA si están incluidas en acuerdos de regularización y renuncian a reclamos vinculados con esas emergencias. En las jurisdicciones locales, cualquier excedente sobre esas deudas quedará a cargo de provincias o municipios.
La ley también dispone que las facturas eléctricas discriminen los componentes del costo mayorista y limita la inclusión de tributos locales o cargos ajenos al servicio, con las excepciones previstas para alumbrado público y conceptos propios de los marcos regulatorios locales. Para el gas, establece el traslado automático a tarifas del costo de adquisición que surja de procesos competitivos, sujeto a la reglamentación del Ejecutivo.
El paquete prorroga hasta fines de 2045 el plazo previsto en la Ley 27.191 para fuentes renovables y permite, bajo condiciones excepcionales, ceder a terceros contratos de abastecimiento cuando esa cesión sea necesaria para completar proyectos en ejecución. También deroga dos normas de promoción hidrocarburífera, pero preserva los beneficios ya adquiridos por proyectos aprobados hasta que se cumplan las causales de cese previstas.
Para los usuarios, la diferencia entre el beneficio anunciado y el alivio efectivo dependerá de la elegibilidad, el consumo alcanzado y la reglamentación. Para el sistema energético, el desafío será compatibilizar subsidios focalizados y costos de abastecimiento con tarifas que reflejen compras competitivas, mientras se resuelven deudas acumuladas entre distribuidoras y CAMMESA.



