El Gobierno de Colombia buscará que la extracción ilegal de minerales deje de ser abordada principalmente como un problema ambiental y pase a ser considerada una fuente de financiamiento para grupos armados.

La propuesta será llevada por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, al Consejo de Política Criminal, según informó Miller Soto, vocero del Ejecutivo. El objetivo es que la minería criminal quede incorporada a la estrategia general contra las rentas ilícitas.

La iniciativa surgió después de un recorrido de Lara por distintas zonas de explotación ilegal en el departamento del Chocó. Durante un sobrevuelo fueron detectadas más de un centenar de retroexcavadoras operando sin permiso.

Las autoridades identificaron áreas afectadas en el Baudó y en el corregimiento de San Lorenzo, en el municipio de Nóvita. En esos territorios observaron terrenos abiertos para extraer oro, ríos desviados de su cauce y campamentos atribuidos a estructuras armadas ilegales.

Para el Gobierno colombiano, la actividad tiene una dimensión económica y de seguridad que excede el daño ecológico. “La actividad no es solo un daño ecológico, sino también un negocio que sostiene a esas organizaciones”, señaló el informe.

Con el cambio de enfoque, el Ejecutivo pretende avanzar hacia medidas más amplias que las sanciones ambientales tradicionales. La minería ilegal quedaría al mismo nivel que otras actividades consideradas parte de las economías ilícitas que financian a grupos armados.

La discusión se da en paralelo con el planteo del canciller Omar Bula ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para actualizar el mandato de la misión que supervisa el acuerdo de paz de 2016. El Gobierno colombiano sostiene que la agenda de paz debe vincularse con la recuperación del control territorial y la protección de la población.