El Gobierno de Colombia propone limitar los pagos en efectivo en compras de alto valor, como viviendas, vehículos y lotes, para dificultar la financiación del terrorismo y facilitar el rastreo de recursos ilícitos.

La iniciativa forma parte de un estatuto antiterrorista que el Ejecutivo prevé llevar al Congreso. La propuesta apunta a que esas operaciones se realicen a través del sistema financiero.

El alcance de la restricción todavía no está definido: resta establecer los montos, las transacciones alcanzadas y las excepciones. Además, el proyecto debe superar el trámite legislativo antes de convertirse en ley.

El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, expresó el respaldo del sector financiero a la posibilidad de limitar el uso de efectivo en estas operaciones.

Augusto Acosta, exsuperintendente financiero de Colombia, también apoyó la propuesta. Según señaló, la trazabilidad podría llevar al sistema financiero entre el 70% y el 75% del PIB que actualmente se mueve en efectivo.

La discusión enfrenta el objetivo de reforzar los controles contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo con la necesidad de evitar restricciones excesivas a operaciones legítimas. El efectivo sigue siendo predominante entre los ciudadanos colombianos.

Como referencias, la propuesta menciona que España limita a 1.000 euros los pagos en efectivo cuando participa un empresario o profesional. En Estados Unidos, ciertos pagos en efectivo superiores a US$10.000 deben reportarse al IRS.

La medida aún es una propuesta y sus efectos dependerán de las reglas que finalmente se definan y de la aprobación del Congreso.