La disputa por el financiamiento de las universidades públicas dejó de ser solo una discusión sectorial y se convirtió en una prueba para la estrategia fiscal de Javier Milei. Miles de estudiantes, docentes, sindicatos y dirigentes opositores se movilizaron en Buenos Aires para exigir la aplicación de una ley que incrementa los recursos del sistema, mientras el Gobierno sostiene que cumplirla pondría en riesgo su plan de equilibrio presupuestario.

La manifestación principal se desarrolló de manera pacífica, pero un grupo de varias decenas de personas, en su mayoría encapuchadas, se separó de la concentración y arrojó piedras y otros proyectiles contra la Policía. La respuesta incluyó gases lacrimógenos y camiones hidrantes. El enfrentamiento duró alrededor de una hora, dejó al menos 25 detenidos y ocho agentes heridos, de acuerdo con fuentes del Ministerio de Seguridad citadas por AFP.

El conflicto tiene además una dimensión institucional. La Ley de Financiamiento Universitario de 2025 fue aprobada por el Congreso, vetada por Milei y luego ratificada por el Parlamento. Distintos tribunales ordenaron al Gobierno cumplirla, incluida una decisión de la Corte Suprema en junio. Sin embargo, el Poder Ejecutivo no la implementó y el vocero presidencial Adrian Ravier afirmó que permanece “suspendida” mientras avanza una estrategia judicial.

La norma contempla aumentos salariales docentes vinculados con la inflación desde diciembre de 2023, la restitución de becas estudiantiles y mayores fondos para el funcionamiento de las universidades. Su aplicación elevaría una partida que el Gobierno busca contener como parte de una política más amplia de reducción del gasto público.

El ajuste ya produjo una caída significativa del financiamiento real. El gasto público destinado a universidades se redujo 41% en términos reales durante el primer semestre de este año frente al mismo período de 2023, según el Centro de Investigación Económica Nacional de la Universidad de Buenos Aires. El Gobierno aumentó el gasto nominal en educación, pero a un ritmo inferior al de la inflación, lo que implica una reducción de su capacidad de compra.

La tensión expone un dilema que excede a las universidades. El equilibrio fiscal limita la posibilidad de compensar con transferencias públicas la pérdida de ingresos y el aumento de costos del sistema, pero el incumplimiento de una ley ratificada por el Congreso y respaldada por fallos judiciales agrega incertidumbre sobre la vigencia efectiva de las reglas presupuestarias. La disciplina fiscal pierde previsibilidad cuando el conflicto se traslada de la asignación de recursos al desacato institucional.

Para el Gobierno, ceder implicaría reconocer una nueva obligación de gasto en un momento en que la promesa de “déficit cero” funciona como el principal ancla de su programa económico. Para las universidades y los sindicatos, aceptar el ajuste supone trasladar el costo a salarios, becas, funcionamiento y calidad del servicio. La disputa, por lo tanto, no enfrenta únicamente austeridad contra mayor gasto: también define quién absorbe la corrección y bajo qué procedimiento se decide.

La protesta fue la quinta movilización por el financiamiento universitario desde que Milei asumió en diciembre de 2023. Su continuidad muestra que el recorte puede mejorar las cuentas públicas en el corto plazo, pero también concentra costos visibles en instituciones con capacidad de movilización y vuelve más difícil sostener el programa sin un acuerdo político sobre prioridades, límites legales y mecanismos de financiamiento.