El Gobierno homologó el acuerdo salarial y las nuevas escalas para trabajadores de la industria marroquinera y del cuero, una medida que alcanza a tres convenios colectivos y ordena el marco laboral aplicable al sector. La Disposición 685/2026 fue publicada el 16 de octubre y lleva la firma de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo.
El entendimiento fue firmado por el Sindicato de Trabajadores de la Industria Marroquinera, el Sindicato de Empleados, Capataces y Encargados de la Industria del Cuero, la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines y la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines de la República Argentina.
La homologación se aplica a los Convenios Colectivos de Trabajo 135/75, 164/75 y 224/75, dentro del alcance de representación acreditado por las entidades sindicales y empresarias. La norma no detalla en su cuerpo los porcentajes ni los valores de las escalas: esos instrumentos integran el expediente y sus anexos.
El punto más relevante de la disposición es que el Estado valida las modificaciones salariales y laborales acordadas entre las partes, pero establece límites sobre algunos componentes del entendimiento. En particular, los aportes empresarios previstos en las cláusulas quinta y sexta, destinados a la cámara industrial, quedan fuera de los efectos de la homologación.
La autoridad laboral consideró que esas contribuciones son ajenas a las previsiones del derecho colectivo de trabajo. También precisó que el importe pactado en la cláusula tercera no podrá ser igual o superior a la cuota sindical abonada por un trabajador afiliado, una restricción que condiciona el costo de ese aporte dentro del convenio.
La medida muestra que la homologación no funciona como una aprobación automática de cada cláusula negociada. El acuerdo conserva validez en materia salarial y laboral, pero la intervención administrativa separa los componentes vinculados directamente con la relación de trabajo de aquellos que implican transferencias hacia una entidad empresaria.
Para las empresas alcanzadas, el efecto inmediato es contar con un marco formal para aplicar las escalas y condiciones pactadas, aunque todavía podría abrirse una instancia técnica vinculada con el tope indemnizatorio previsto por la Ley de Contrato de Trabajo. Las partes deberán acompañar el cálculo correspondiente si la autoridad determina que corresponde.
Para los trabajadores, la homologación vuelve exigibles dentro del ámbito de los convenios las condiciones salariales acordadas por sus representantes. Sin embargo, el texto publicado no permite medir el impacto sobre el ingreso real porque no informa los porcentajes de aumento, su cronograma ni su relación con la inflación.
La disposición tiene alcance sectorial y no modifica por sí sola el régimen general de negociación colectiva. Su importancia está en que fija qué parte del acuerdo obtiene respaldo administrativo y qué obligaciones quedan fuera de ese respaldo, una distinción que puede afectar los costos laborales y la relación financiera entre empresas, sindicatos y cámaras empresarias.



