El SENASA unificó las reglas para el control fitosanitario de los embalajes de madera utilizados en mercaderías que ingresan al país. La resolución, que entra en vigencia el día siguiente a su publicación, reemplaza normas dispersas y modifica el circuito que deben cumplir importadores, despachantes y agentes de transporte.

La exigencia central se mantiene: los embalajes deben estar fabricados con madera descortezada, libres de plagas y contar con un tratamiento fitosanitario certificado mediante la marca prevista por la Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias N° 15. La acreditación en origen pasa a ser la regla general para verificar el tratamiento y agilizar el control en frontera.

El cambio operativo más relevante es la consolidación de la gestión en el Sistema Integrado de Gestión de Embalajes de Madera de Importación, vinculado al Sistema Informático Malvina de la autoridad aduanera. Antes del arribo de la carga, el despachante, el agente de transporte o el representante ante la Aduana deberá presentar una declaración jurada con la información exigida y dejar constancia del cumplimiento del tratamiento.

La declaración jurada tendrá una validez de 15 días corridos desde la generación del comprobante de pago, siempre que la carga todavía no haya sido autorizada en las condiciones previstas por la norma. Si el plazo vence, el trámite podrá restablecerse mediante un nuevo pago. Para los operadores, esto introduce una fecha límite concreta que puede generar costos adicionales cuando una demora logística impida completar la inspección a tiempo.

El SENASA determinará mediante una matriz de riesgo si corresponde una inspección física y qué tipo de control se aplicará. Las verificaciones podrán realizarse en zonas primarias aduaneras, bodegas de los medios de transporte o depósitos finales previamente identificados. La posibilidad de trasladar la inspección fuera del punto de ingreso puede reducir tiempos y costos portuarios, aunque exige que el operador garantice el acceso y la visualización completa de los embalajes.

La norma también ordena las respuestas ante incumplimientos. Según el lugar y las condiciones de la operación, el embalaje podrá ser sometido a tratamiento cuarentenario, fumigación, trituración, incineración, enterramiento profundo o devolución al país exportador. Si el embalaje puede separarse sin afectar la mercadería, las medidas deben concentrarse sobre la madera para evitar una inmovilización mayor de la carga.

El nuevo esquema combina una simplificación administrativa con una fiscalización más trazable. La digitalización y el control posterior por muestreo pueden reducir fricciones para quienes cumplen, pero la ausencia de marca, una marca adulterada, la presencia de insectos o datos falsos en la declaración jurada quedan definidos como incumplimientos sancionables. La reiteración de no conformidades también puede derivar en controles focalizados sobre un operador o un código de productor o tratador.

La resolución abroga las reglas anteriores y concentra el régimen en un único texto. Para el comercio exterior, el efecto no será eliminar el requisito fitosanitario, sino cambiar dónde y cómo se verifica: menos formalidades duplicadas y mayor uso de gestión de riesgo, a cambio de que importadores y auxiliares aduaneros asuman con precisión la carga documental y operativa del procedimiento.