El Gobierno prorrogó hasta el 9 de diciembre de 2027 la vigencia de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Unidad Bienes Decomisados”, el área encargada de coordinar la administración, conservación, seguimiento y disposición de bienes sujetos a medidas cautelares de desapoderamiento y procesos de extinción de dominio.
La extensión fue dispuesta por la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura de Gabinete y comenzará a regir cuando venza el plazo original de dos años creado en 2024. La unidad depende de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que continuará ejerciendo esas competencias.
La decisión está vinculada con la suspensión cautelar del Decreto de Necesidad y Urgencia 575/2025. Esa norma había creado el Consejo de Bienes Recuperados en Favor del Estado Nacional, dentro del Ministerio de Justicia, junto con un régimen para centralizar la gestión de los bienes recuperados en procesos judiciales y de extinción de dominio.
Como la medida judicial dejó en suspenso los artículos centrales del decreto y las normas dictadas en consecuencia, el Gobierno resolvió mantener el régimen anterior. La resolución sostiene que, mientras siga vigente la cautelar, la AABE debe conservar sus atribuciones para evitar interrupciones en la custodia, el mantenimiento y la administración de los activos alcanzados.
La prórroga no crea un nuevo organismo ni modifica las competencias materiales de la AABE. Extiende una estructura administrativa transitoria para sostener la gestión mientras permanece abierta la disputa judicial sobre el esquema diseñado en 2025. Su fecha de caducidad coincide con el final del mandato constitucional de la actual administración.
El gasto de la medida será atendido con las partidas específicas del presupuesto vigente de la AABE, identificada como Entidad 205 dentro de la Jefatura de Gabinete. La resolución no informa un monto adicional ni detalla una ampliación presupuestaria: establece el marco administrativo para que la unidad siga operando con los recursos asignados al organismo.
El punto económico no está en una nueva transferencia ni en una venta de activos, sino en quién administra bienes cuyo destino puede tener valor fiscal y patrimonial. La continuidad institucional busca evitar que una disputa normativa deje sin responsable operativo la conservación y disposición de esos bienes, aunque también prolonga una estructura especial cuyo carácter transitorio queda atado a la evolución judicial y al cierre del actual período de gobierno.
La norma deja así un esquema de administración condicionado por dos incertidumbres: el resultado de la causa que suspendió el régimen del DNU 575/25 y la eventual definición política que adopte la próxima administración. Hasta entonces, la AABE conservará el control operativo bajo el régimen previo y la Unidad Bienes Decomisados seguirá funcionando como soporte específico para esas tareas.



