El Gobierno y sectores del peronismo negociaban un proyecto de consenso sobre discapacidad, con la posibilidad de que el texto reuniera apoyos de ambos espacios en la Cámara de Diputados. Al momento de las conversaciones, el acuerdo todavía no estaba cerrado y faltaba definir aspectos centrales.

Un primer borrador contemplaba que quienes reciben beneficios o subsidios pudieran conservarlos si conseguían un trabajo. La propuesta también incluía un aumento para el nomenclador de prestaciones, aunque el porcentaje aún no estaba definido.

La actualización de pensiones y de los valores que reciben proveedores y prestadores formaba parte de la discusión. Según lo informado durante las negociaciones, el incremento quedaría incluido en el presupuesto y tendría una garantía porcentual, cuyo alcance seguía pendiente.

El entendimiento buscaba acercar el proyecto del Gobierno a sectores peronistas, mientras que el peronismo kirchnerista más duro mantenía como objetivo prorrogar la emergencia y ampliar las pensiones. Esa alternativa, según el reporte, podía duplicar la cantidad actual de beneficios.

La discusión enfrentaba dos enfoques: una propuesta opositora que, de acuerdo con lo expuesto en el debate, implicaría un fuerte aumento del gasto público, y otra del oficialismo que contemplaba cambios y garantías presupuestarias para el área.

El debate sobre las cuentas se cruzaba con la necesidad de revisar quiénes reciben las prestaciones. Se señaló que el Gobierno había denunciado irregularidades en más de la mitad de las pensiones y que había prometido una auditoría, pero que los últimos datos oficiales citados ubicaban los beneficios pagados en cerca de 1,25 millones.

Ese total representaría una baja aproximada de 50.000 pensiones respecto de las cerca de 1,3 millones registradas al final de la gestión de Alberto Fernández. La diferencia, según lo informado, quedaba lejos de las cifras mencionadas inicialmente por el Gobierno sobre presuntas irregularidades.

La negociación se desarrollaba antes del tratamiento del proyecto en una sesión prevista para extenderse durante más de 17 horas. El porcentaje de actualización y el texto definitivo seguían sujetos a conversaciones, por lo que todavía no podía darse por confirmado el acuerdo.