La Justicia argentina cerró la investigación penal contra el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei por sus presuntos vínculos con el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi tomó la decisión después de que el fiscal Eduardo Taiano solicitara el archivo, de acuerdo con los registros judiciales.
El expediente había comenzado en febrero de 2025, luego de que Milei publicara en X un mensaje sobre $LIBRA y compartiera un enlace para comprar el activo. La cotización subió durante un breve período, pero el presidente borró la publicación y la criptomoneda se desplomó pocas horas después. La caída provocó fuertes pérdidas para la mayoría de los inversores, según la cobertura del caso.
El juez sostuvo que los hechos denunciados no encuadraban en una categoría legal y concluyó que no se había probado un “engaño penalmente relevante”. Esa fundamentación cierra la vía penal contra Milei y su hermana, pero no transforma en inocua la secuencia que originó el expediente: una recomendación presidencial, una suba abrupta, la eliminación del mensaje y un derrumbe posterior.
Milei afirmó que había actuado “de buena fe” y negó haber promovido el activo. Su defensa fue que simplemente había compartido información y que los compradores habían invertido de manera voluntaria, con conocimiento de los riesgos. También explicó que borró la publicación después de conocer más detalles del proyecto y decidir que no continuaría difundiendo el token.
La diferencia entre responsabilidad penal y responsabilidad política queda así en el centro del caso. Que no se haya acreditado un delito no elimina la discusión sobre el criterio utilizado por un presidente para amplificar un activo de origen reciente ni sobre el costo que puede tener esa señal para quienes interpretan una publicación presidencial como una validación.
En los mercados de criptoactivos, la información asimétrica y la volatilidad ya exponen a los inversores a riesgos elevados. Cuando una autoridad política interviene como fuente de legitimidad, la frontera entre una opinión personal y una señal con efectos sobre los precios se vuelve más difícil de distinguir. La caída de $LIBRA mostró que esa diferencia no es meramente semántica: puede alterar decisiones de compra en cuestión de horas.
El episodio también deja un problema institucional que el archivo penal no resuelve. La Oficina Anticorrupción había sido señalada por la Presidencia como el organismo encargado de determinar si Milei había actuado de manera impropia, mientras que legisladores opositores habían proyectado un proceso de juicio político. La causa judicial se cerró, pero esas discusiones pertenecen a ámbitos distintos y dependen de estándares diferentes.
Para los inversores, la lección es menos jurídica que económica: una mención de alto nivel puede impulsar temporalmente la demanda, pero no reemplaza información verificable sobre el proyecto, sus responsables ni sus mecanismos de negociación. El cierre de la causa determina que no hubo base suficiente para una sanción penal; no devuelve las pérdidas ni restablece por sí solo la confianza en los activos promocionados mediante señales políticas.



