El gobierno de Paraguay impulsó una ley para acelerar la devolución de depósitos a los clientes afectados por el colapso de Ueno Bank. La iniciativa busca cubrir al 98% de los ahorristas y prevé que los pagos comiencen esta misma semana.
El anuncio fue realizado por el presidente Santiago Peña, quien afirmó: "Con la aprobación de esta ley, estaremos dando una acción concreta y eficaz para cubrir el 98% de todos los ahorristas de la institución afectada, iniciándose los pagos esta misma semana".
Ueno Bank era una entidad digital que comenzó a operar a fines de 2023 y llegó a contar con casi 3 millones de clientes, sobre una población paraguaya de aproximadamente 7 millones de habitantes. La entidad se había expandido en 2024 tras adquirir y operar como banco nacional.
La crisis se produjo luego de que el banco otorgara créditos a empresas vinculadas con el Grupo Vázquez, según la información difundida. La falta de repago de esos préstamos habría elevado la insolvencia y reducido la liquidez disponible para afrontar los retiros y compromisos de la entidad.
Entre los damnificados se encuentra el Instituto de Prevención Social de Paraguay, que tenía depositados US$355 millones. La exposición alcanza así tanto a ahorristas privados como a fondos vinculados con jubilaciones y prestaciones sociales.
El gobierno informó que ocho directivos del banco fueron detenidos, entre ellos Gustavo Manuel Gustal, Federico Miguel Vázquez Visal y Diana Mongelo González. La investigación apunta a determinar las responsabilidades por las irregularidades y el deterioro financiero de la entidad.
La respuesta oficial también incluyó cambios en la conducción del Banco Central del Paraguay. Peña envió el pedido de acuerdo constitucional para designar a Raúl Vera Abogado como nuevo presidente de la autoridad monetaria, junto con Pedro Acosta y Etel González como directores.
La remoción de la conducción del Banco Central elevó la presión política sobre el gobierno. El presidente de la Cámara de Diputados convocó a una sesión para iniciar el juicio político contra Peña, en medio de cuestionamientos por la supervisión de la entidad y por la posibilidad de que la crisis se extienda al resto del sistema financiero.
El caso también puso bajo discusión los incentivos y controles del sistema bancario paraguayo. Ueno ofrecía reintegros de hasta 50% a quienes mantuvieran sus depósitos durante determinados períodos, una modalidad que generó dudas sobre la supervisión de la autoridad monetaria y sobre la sostenibilidad del modelo de captación.



